Los supervisores del Condado de Pima votaron el martes para continuar financiando el sistema de apoyo que ayuda a los residentes que enfrentan desalojos a conectarse con asistencia legal a través de una postal enviada por correo.
La Junta de Supervisores votó en la reunión del 17 de diciembre para continuar financiando organizaciones locales de asistencia legal para ayudar a las personas a evitar desalojos.
Los dólares federales se canalizan a través del programa Emergency Eviction Legal Services (Servicios Legales de Emergencia para Desalojos) del condado, que contacta a las personas en tribunales de desalojo mediante las postales.
El financiamiento expirará al final de este año fiscal, en junio próximo. Antes de esa fecha, el condado debe tomar una decisión sobre si continuará ofreciendo estos servicios y cómo lo hará.
Aproximadamente hace tres años, el condado ha enviado alrededor de 38,000 postales, según Andrew Flagg, subdirector del Departamento de Desarrollo Comunitario y de la Fuerza Laboral del condado.
Bajo ese departamento se encuentra el programa de Servicios Legales de Emergencia para Desalojos, que ayuda a las personas a defenderse y a navegar los procesos de desalojo.
Esas postales son a menudo el primer contacto que conecta a las personas con una serie de posibles servicios, incluidos asistencia de emergencia para el alquiler y ayuda legal, todo ello actualmente financiado con dólares federales, que se agotarán pronto.
Un total de 1.78 millones de dólares se han otorgado a varias firmas legales locales desde principios de 2022. Todo ese dinero proviene de American Rescue Plan Act, una ley federal de ayuda durante la era del Covid. Hasta ahora, no se ha gastado dinero del condado en el programa.
Por ahora, el condado está manteniendo una red de seguridad para las personas que enfrentan desalojos hasta el final del año fiscal. Los supervisores votaron 4-1, con Steve Christy, del Distrito 4, votando en contra.
Flagg dijo que hasta ahora el programa ha ayudado a aproximadamente 2,350 hogares con servicios legales y a otros 2,100 con asistencia de emergencia para el alquiler.
De las 690 personas a las que ayudaron con representación legal completa, Flagg dijo que aproximadamente el 60% pudo quedarse en su hogar.
El condado también ha contratado a cuatro asesores para ayudar a guiar a las personas que se comunican con el departamento en busca de ayuda.
“El proceso completo es rápido”, dijo Flagg. “No hay ningún otro tipo de procedimiento legal que avance tan rápido como los desalojos”.
Por eso dice que el condado necesita ser ágil. Dijo que tienen abogados a quienes pueden llamar cuando hay una audiencia en una hora y media. Agregó que no siempre funciona, pero que vale la pena intentarlo.
Flagg dijo que tienen una solicitud de subvención federal pendiente para seguir trabajando otros dos años, y que también podrían considerar usar fondos del condado para mantener el programa en funcionamiento.
Medidas de apoyo público
No existe un mecanismo en la ley estatal para que se designen abogados, como en los casos penales, para las personas que enfrentan desalojos. No hay una forma sencilla para que los condados intervengan de manera proactiva y conecten a las personas en riesgo de perder sus hogares con abogados.
“Lo mejor que hemos podido hacer”, dijo Flagg, “es recibir la lista todos los días de los tribunales para las personas con audiencias programadas dentro de la próxima semana o algo así, y tomamos esa lista todos los días y enviamos una postal a todos en esa lista”.
“Veo los desalojos como parte del proceso continuo de falta de vivienda”, dijo Flagg a Arizona Luminaria.
Aproximadamente 7.6 millones de personas están amenazadas de desalojo cada año, según el Eviction Lab de la Universidad de Princeton. Phoenix tiene una de las tasas de desalojo más altas del país, según un reciente artículo del Wall Street Journal, basado en datos del Eviction Lab.
En 2023, hubo poco menos de 13,000 desalojos en el Condado de Pima, según un tablero de control mantenido por los tribunales de Arizona. Ese mismo año, en el Condado de Maricopa, hubo poco menos de 78,000.
“Tenemos un problema de falta de vivienda en nuestra comunidad”, dijo Flagg. “Hay muchos aspectos diferentes que necesitan intervención y estamos tratando de reducir los factores que influyen para evitar que la gente se quede sin hogar en primer lugar”.
“Lo que se ve con los hogares que enfrentan un desalojo”, dijo Flagg, “es que hay personas que han estado pagando el alquiler y se encuentran con un obstáculo en el camino”.
Dijo que si el condado puede ayudarlos a mantenerse fuera de las calles, también puede ayudar a mantener a sus hijos en la escuela y a que las personas mantengan sus trabajos, entre otras cosas.
“Creo que es importante que enfoquemos los recursos en evitar que la mayor cantidad posible de personas se enfrenten a la falta de vivienda”, dijo Flagg.
Si enfrentas un desalojo, llama al 520-724-3357 (724-EELS) o visita pima.gov/evictionlegalservices para obtener más información y posible ayuda.
Traducción Beatriz Limón
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